Tijuana, 28 de octubre de 2026. El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, aclaró que lo aprobado recientemente en Cabildo de Tijuana respecto al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) tiene como objetivo analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita resolver y finiquitar el litigio que mantiene el sistema con la empresa operadora, cuyo contrato fue celebrado en 2016 y tiene vigencia hasta 2046.
El alcalde Burgueño Ruiz precisó que,
por el momento, únicamente se aprobó revisar el tema, por lo que no existe un
monto definido ni un acuerdo económico establecido; y subrayó que cualquier
alternativa deberá evaluarse de manera responsable, con el propósito de
proteger el erario público y buscar una solución favorable para la ciudad.
“Este es un tema que viene de otras
administraciones y sobre el que hemos recibido requerimientos. Nosotros estamos
haciendo lo que nos corresponde. La ciudadanía quiere que se resuelva la
situación del SITT y esperamos que podamos encontrar una solución”, expresó.
Burgueño Ruiz explicó que en 2020, el
Gobierno del Estado de Baja California expidió la nueva Ley de Movilidad
Sustentable y Transporte, mediante la cual se creó el Instituto de Movilidad
Sustentable (IMOS), organismo estatal encargado de las atribuciones en materia
de transporte público.
Como parte de las disposiciones
transitorias de dicha legislación, se estableció que el Ayuntamiento de Tijuana
realizara la transferencia del SITT al Gobierno del Estado. Sin embargo, este
proceso no se concretó dentro del periodo previsto.
Fue en mayo de 2026, cuando la
Secretaría de Gobierno Municipal recibió un oficio del Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, en su calidad de cabeza de sector
del IMOS, mediante el cual se solicitó dar cumplimiento a la disposición
transitoria e iniciar los procedimientos correspondientes para transferir el
SITT al ámbito estatal.
Cabe señalar que, de no llegar a un
convenio, el Ayuntamiento de Tijuana corre el riesgo de que la empresa obtenga
una sentencia favorable por el 100% del monto reclamado en la demanda, más las
actualizaciones acumuladas desde la fecha en que fue presentada.
Esto podría representar una afectación
económica mayor para el Gobierno Municipal, ya sea para la actual
administración o la siguiente. Por ello, la autorización de Cabildo para buscar
un acuerdo por un monto que no exceda el 50% de la cantidad reclamada busca
prevenir un posible daño patrimonial y alcanzar una solución que represente un
menor costo para el Gobierno Municipal.
El presidente municipal agregó que el
XXV Ayuntamiento de Tijuana está atendiendo los requerimientos relacionados con
este asunto y que el análisis de las alternativas deberá realizarse con
responsabilidad, privilegiando el interés de la ciudadanía y el cuidado de los
recursos públicos.
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