• En la Máxima Tribuna alzó la voz en beneficio de personas con discapacidad que tienen como única oportunidad cursar la preparatoria en estos lugares
• “Sin que funcionen estos Centros de
Atención para Estudiantes con Discapacidad plenamente, no hay inclusión real”
“Hoy quiero hablar de una realidad que viven
todos los días estudiantes con discapacidad y sus familias en Baja California,
como es la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con
Discapacidad”.
Estos centros son instituciones de la SEP en
México, que ofrecen bachillerato no escolarizado a personas con discapacidad
visual, auditiva, motriz o intelectual. Por ello, lo que ocurre no es un
problema menor ni aislado; es una falla estructural que están provocando que no
puedan cumplir plenamente con su función, aun cuando existen personas
capacitadas que podrían estar impartiendo clases.
De acuerdo con el Censo 2020 y las
actualizaciones de la ENADID 2023 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en Baja California más de 18 mil niñas y niños menores de 14
años viven con alguna discapacidad.
Aproximadamente 17 mil 700 jóvenes de entre 15
y 29 años se encuentran en edad de cursar educación media superior o superior.
Estamos hablando de más de 35 mil niños y jóvenes en Baja California, cuya
trayectoria educativa depende de políticas públicas con enfoque de inclusión.
Para muchas personas con discapacidad, el CAED
no es una opción más, es la única oportunidad real de cursar la preparatoria. Y
cuando no tiene suficientes maestros, el estudiante avanza más lento; la
familia vive con incertidumbre; el asesor presente se sobrecarga; y el derecho
a la educación se vuelve frágil.
Por tales motivos, Humberto Valle utilizó la
tribuna para hacer un llamado sencillo y directo: “Si queremos que los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad funcionen, el sistema debe dejar
de poner obstáculos y empezar a facilitar soluciones”.
Resaltó que, para atender esta situación, los
maestros de base puedan colaborar en los CAED sin perder derechos; que no se
les castigue con menos horas o menos ingresos; y se reconozca que el CAED es un
caso especial que, por ende, requiere reglas especiales.
“No se trata de privilegios, se trata de
sentido común y de justicia educativa. Sin docentes, no hay educación; sin
reglas justas, no hay docentes. Y sin que funcionen estos centros plenamente,
no hay inclusión real”.
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