Proponen tratamientos psicológicos a menores que delinquen

* Aumentar las penas violaría tratados internacionales y la ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes

* Baja California está en los primeros lugares de reclutamiento de “niños sicarios”

Tijuana, 10 de octubre de 2026.- El pasado lunes 5 de octubre la Delegación Baja California del Colegio Nacional de Abogados Penalistas presentó una iniciativa de adición a las reformas que se elaboran para el Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes en México, y, con el nombre de “justicia que transforma”, el capítulo propuesto consiste en tratamientos psicológicos antes, durante y después, a los menores que delinquen.

Lo anterior, explicó la abogada Leslie Arias Sesma, Delegada Estatal del Colegio en referencia, luego de una propuesta que presentó la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco” en torno a endurecer las penalidades de 5 a 10 años de prisión, y que, menores de entre 14 a 17 años de edad, que cometiesen delitos graves, inhumanos, pudieran ser tratados como adultos, por las atrocidades que hayan cometido.

Sin embargo, acotó la abogada Leslie Arias, se hizo la observación de que, aumentar las penas violaría tratados internacionales y la ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues, los revictimizaría, y, en mediciones de madurez mental, biológicamente los menores desde los 12 a los 17 años de edad todavía son como niños.

Para nuestro estado es de vital importancia el tema, apuntó, ya que, luego de Chiapas y Michoacán, Baja California ocupa uno de los primeros cinco lugares a nivel nacional de reclutamiento del crimen organizado dirigido a menores ubicados en un mapeo de colonias conflictivas, de contextos de vulnerabilidad económica y de familias disfuncionales, especialmente derivados de violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la Plataforma México, estimaciones recopiladas por organizaciones civiles indican que entre 30,000 y 35,000 niñas, niños y adolescentes son reclutados cada año por cárteles y grupos delictivos, pero, se calcula que entre 145,000 y 250,000 menores de edad se encuentran en riesgo alto de ser captados o utilizados por la delincuencia en el país, debido a factores como la deserción escolar, entornos violentos y la pobreza.

El informe del INEGI indica que el 18.2% de la población nacional, son jóvenes de 15 a 24 años de edad, pero, los adolescentes de 10 a 17 años de edad, constituyen cerca del 17% de la población nacional (aproximadamente 22 millones de personas).

En ese sentido, tal vez no se encuentren en riesgo millones de menores de edad, pero, “aunque la mayor incidencia es en muchachos y muchachas de colonias marginadas y de familias donde no reciben el tratamiento digno y debido, también hay muchos que son atraídos al crimen organizado por el efecto placebo de aspirar a ser sicarios y, luego, a cargos mayores en los grupos delictivos”, aclaró Leslie Arias.

Por lo anterior, llamó a enfatizar acciones preventivas en las escuelas, colonias y, que las instancias gubernamentales establezcan y refuercen herramientas para la prevención, pero, también, para la atención integral de los menores cuando delinquen, para que puedan rehabilitarse y, finalmente, reintegrarse a la sociedad, por ejemplo, además de establecer sistema educativo y laboral en los internos, posteriormente, darles algunas tareas laborales el mismo gobierno, como parte de su reinserción social.

“Se trata de que, cuando salgan, si no han cambiado al 100% su mentalidad, la cambien en un 70%, y poco a poco ser reintegrados; por eso desechamos endurecer las penas, ya que, todo el odio y dolor con el que se hayan desarrollado, si les aumentaran de 5 a 10 años la condena, y sin atención integral, saldrían y salen muchos con maestría en delincuencia”, explicó Arias Sesma.

En la conferencia brindada a medios de comunicación invitados por la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Baja California (APCBC), estuvo también la Presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Viviana Lozoya Rodríguez, quien informó que el Protocolo para Protección de Abogados, no se debatió el pasado 5 de octubre, por lo que se solicitó un análisis de riesgo en espera de nueva fecha, esperando una línea de acción, que ya fue propuesta el jueves 8 de octubre, la cual consiste en abreviar tiempos de respuesta al 911, cuando se trate de abogados en alto, medio o bajo riesgo.

En cuanto a la agenda de la Delegación Baja California del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, trabajan en colaborar con las reformas sobre medidas cautelares, como es la prisión preventiva oficiosa; para cambiar esas medidas con amparos. Asimismo, proponen reformar el procedimiento abreviado, que no es parte del sistema de justicia penal en Baja California, y, se solicita que sea a petición de partes, no solo del fiscal o del juez.